La provincialización de la represa de Salto Grande vuelve a formar parte de la agenda legislativa nacional, con la presentación de un nuevo proyecto de ley con ese objetivo, a cargo del senador nacional del recientemente creado bloque Unidad Federal, Edgardo Kueider.

El legislador y ex secretario General de la Gobernación de Gustavo Bordet, así, pasa a trabajar en "dos frentes simultáneos", ya que tiene presentado otro proyecto de ley que modifica el esquema de tarifas eléctricas: reduce el IVA de las boletas, aumenta las regalías que reciben las provincias y promueve la eliminación o reducción de impuestos provinciales y tasas municipales en las facturas.

El proyecto transfiere a Entre Ríos "a título gratuito" y ad referéndum de la Legislatura provincial "el dominio del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la porción que le corresponde a la República Argentina".

La ley llegaría para "reconocer el dominio originario de Entre Ríos sobre un recurso natural como es el río Uruguay" y, por ende, recuperar los "derechos y obligaciones emergentes de su aprovechamiento".

Aclara, por otro lado, que los empleados y empleadas del Complejo Hidroeléctrico "no verán afectados sus derechos adquiridos" y garantiza "la intangibilidad de los salarios".

De aprobarse el proyecto, la provincia acordará con Uruguay la reformulación del "Convenio y Protocolo Adicional" celebrados entre la Argentina y el país vecino para la administración de la represa, para lo cual el gobierno de la Provincia será "asistido" por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.

La transferencia debería concretarse en 180 días desde la entrada en vigencia de la ley, si la avanzada provincializadora tiene éxito.

En sus fundamentos el senador plantea que "este proyecto de ley viene a hacer justicia para la provincia de Entre Ríos, reconociéndole el dominio originario sobre sus recursos naturales, tal y como lo establece nuestra Constitución Nacional. La Carta Magna en su artículo 124 indica: "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Kueider hace historia: "En el año 1880 Don Gregorio Soler presentó el primer pedido de otorgamiento de una concesión para explotar energía eléctrica en la zona de Salto Grande. A lo largo de la primera mitad del siglo XX se sucedieron distintas iniciativas individuales, como las de los ingenieros Juan Smith, Maurice Mollard, Humberto Gamberale y Francisco Mermoz, hasta llegar a la firma del Convenio de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay".

También recuerda el proyecto del ex senador Héctor Maya, aprobado por el Congreso en 1997, que propició la provincialización de Salto Grande, pero fue vetado luego por el entonces presidente Carlos Menem. Y el de la ex senadora Sigrid Kunath, que postuló la misma transferencia que ahora plantea el legislador concordiense pero no avanzó en el Congreso.

El Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande provee el 53% de la demanda de energía eléctrica de Uruguay y el 7% de la energía consumida por Argentina. Cuenta con una red de transmisión compuesta por cuatro subestaciones y 1.300 kilómetros de líneas aéreas.

La iniciativa cuenta con detalles del funcionamiento de la represa. La energía que produce Salto Grande depende de la cantidad de agua que llega hasta su embalse: es el combustible que pone en funcionamiento la represa. Para definir su oferta tiene en cuenta el pronóstico del agua que espera el Río Uruguay para los próximos días. La oferta es semanal y se verifica en cada jornada, teniendo en cuenta los caudales diarios de aportes. La capacidad máxima de generación es de 45.360 megavatios/hora, para lo cual se necesita que el lago Salto Grande tenga 35 metros de altura.

Pero advierte que "los beneficios para Uruguay y Argentina no son totalmente inocuos para Entre Ríos, ya que situaciones tanto de abundancia como de escasez de agua resultan perjudiciales para las poblaciones ribereñas y para el sistema hidroeléctrico".

Por ejemplo, menciona que el complejo de Salto Grande modifica el río (desvía el curso del agua para que gane más fuerza potencial) y desestabiliza comunidades biológicas; las líneas de tensión que atraviesan predios rurales o urbanos obligan a restringir el dominio sobre el uso de la tierra; entre otros impactos sociales y económicos, como en la pesca, y ambientales.

Actualmente, los excedentes de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande se reparten entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones para paliar los efectos negativos de la represa.

Kueider argumenta por otra parte que "no puede dejarse pasar por alto el hecho de que en Entre Ríos el costo de la energía eléctrica es extremadamente oneroso, pese a ser una provincia productora de energía limpia y económica". Y cuestiona que "entrerrianos y entrerrianas pagamos tarifas muchas veces superiores a las que se pagan en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Según señala Kueider en sus fundamentos, el proyecto de provincialización recobró fuerza luego de que el año pasado Entre Ríos fue excluida de los beneficios que la Secretaría de Energía de la Nación otorgó a 11 provincias, consideradas "zonas cálidas", en el marco de la quita de subsidios al consumo de energía eléctrica.

Fuente: Ramiro García - Diario UNO Entre Ríos.