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19 de septiembre de 2017

Comenzó el jucio oral por una escuela fumigada en Santa Anita

Concepción del Uruguay. Comenzó el pasasdo lunes el juicio, con la presentación de varios testigos en el marco de la causa caratulada como delito ambiental y lesiones leves a raíz de lo sucedido a docente y alumnos en diciembre de 2014

Se trata de la primera causa en Entre Ríos que se eleva a juicio por fumigación, iniciada a partir de la denuncia de una docente y desde la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que es encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

 

El debate oral y público se inició el pasado lunes en la sala 4 de los Tribunales de La Histórica. Tres personas están imputadas por Lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa: el titular de la firma fumigadora, el propietario del campo –en aquel momento, cuando se fumigó, había arroz–, y el piloto que manejó la aeronave que aplicó la fumigación. Como consecuencia de aquella fumigación en diciembre de 2014, cinco niños y la docente Mariela Leiva fueron atendidos en el hospital Reverendo Padre Betcher, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.   "Como testigo, voy a relatar lo que sucedió ese 4 de diciembre a las 13. Y que no recibí ninguna notificación de que se iba a hacer alguna fumigación, que llegó el médico, la Policía constató la sintomatología en los niños y después los mismos médicos corroboraron eso; la Justicia determinó más tarde a cuántos metros se había hecho esa fumigación, que no hubo receta agronómica y que la Policía dijo que no hubo presentaciones y la Municipalidad respondió lo mismo acerca de que no hubo aviso previo de esa fumigación", explicó la docente, al precisar que en su caso se limitará a lo sucedido en el ámbito de la institución, lo que sufrió personalmente y lo que motivó que se llamaran luego a especialistas para aportar a la causa que fue motorizada por la Fiscalía. Desde el lunes y hasta posiblemente el viernes –aunque podría extenderse un par de días más de la semana siguiente en caso que haya que reprogramar alguna testimonial– pasarán por los Tribunales de Concepción los testigos presentados por una y otra parte. Por los denunciantes estarán, además de Leiva, la mayoría de los padres cuyos niños resultaron afectados, y también profesionales del hospital donde fueron atendidos los alumnos, el perito agrónomo nombrado por la Fiscalía y se presentará también un investigador del Conicet, que realizó estudios de aire que demostraron la contaminación a la que está expuesto el establecimiento educativo rural. Por parte de los acusados, se supo que serán fundamentalmente ingenieros agrónomos, y no se conoce si finalmente los imputados prestarán declaración.     Finalizadas todas las testimoniales, habrá cinco días hábiles para que se conozca la sentencia. La pena máxima para este tipo de delito es de tres años, excarcelable, y tiene como antecedente lo sucedido en barrio Ituzaingó de Córdoba.     "Estamos muy optimistas, tranquilos porque sabemos que todo lo que estamos diciendo nosotros fue constatado por especialistas, que ratificaron que las cosas no se hicieron bien", dijo la directora de la escuela rural N° 44 e integrante del proyecto Paren de Fumigar respecto de los incumplimientos en el empleo de productos químicos considerados residuos peligrosos y de distancias mínimas para aplicación, además de no haber sido notificado previamente. "Esto lo tenemos que tomar como una lucha de todos. Hubo más escuelas fumigadas. De hecho –contó–, sigue sin haber conciencia y no hay controles: entre jueves y sábado, cruzaron aviones por el lugar. No respetan las condiciones climáticas imperantes para una pulverización, porque más allá de que estemos o no de acuerdo con las fumigaciones, hoy se pueden realizar, pero bajo condiciones que no se cumplen". En tanto, las entidades rurales que integran la Mesa de Enlace de Entre Ríos (Federación Agraria Argentina -FAA-, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-, Sociedad Rural y la Federación de Cooperativas -FEDECO-) se reunieron este lunes en Paraná con motivo del comienzo del juicio y emitieron un comunicado con un claro mensaje a la justicia provincial.

No son parte del juicio, pero de manera corporativa expresaron su “preocupación” por el proceso que se desarrollará esta semana y remarcaron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”, ninguneando así la investigación preparatoria que durante dos años llevó adelante la Fiscalía y que motivó el pedido de remisión a juicio oral.

Según el comunicado, las entidades agropecuarias “ven con preocupación” el juicio iniciado. Afirmaron que “de acuerdo a lo informado por el productor (imputado), se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica”.

Sin embargo, según el testimonio de la maestra que denunció el hecho, "no se recibió ninguna notificación de que se iba a hacer alguna fumigación, no hubo receta agronómica. La Policía dijo que no hubo presentaciones (permisos) y la Municipalidad aseguró que no hubo aviso previo de esa fumigación".

A pesar de los hechos contundentes, las entidades del campo señalaron que “la empresa que la realizó se encontraba totalmente en regla, cumpliendo con las normas vigentes”.
Finalmente advirtieron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”.

Entre los testimonios aportados por la Fiscalía, se encuentra el de los profesionales del hospital donde fueron atendidos los alumnos y la maestra intoxicados, un perito agrónomo nombrado por la Fiscalía y un investigador del Conicet que constató mediante estudios de aire que “la escuela está expuesta a la contaminación”.
       

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