JUDICIALES
29 de abril de 2019
CONTRATOS TRUCHOS: RECHAZARON LA PROBATION A JUAN ALFONSO BLASÓN
El juez consideró que la causa debe ir a juicio oral y que no están dadas las condiciones para la probation ni para que se incluya a Blasón en el régimen de "arrepentidos".
El juez de Garantías Nº 5 Elvio Garzón decidió avalar el dictamen de la fiscal Paola Farinó y de ese modo rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba (probation) realizado por el abogado Humberto Franchi, defensor de Juan Alfonso Blason Lorenzatto, quien está acusado de ser partícipe necesario del delito de Peculado. Franchi había solicitado, además, la posibilidad de que su defendido sea considerado como arrepentido en la causa, algo que también fue rechazado por Garzón por no cumplimentarse el proceso establecido por la norma nacional.
La defensa cuenta con cinco días hábiles para apelar la negativa de la probation y según Franchi, evaluarán la posibilidad porque "los argumentos del juez son los de la fiscalía". En cuanto a la condición de arrepentido, el abogado defensor de Blason Lorenzatto dijo que "el proceso de acuerdo con fiscalía no está reglamentado" pero que luego de lo resuelto por el juez hablará "con la fiscal para ver en qué términos se puede llegar a un acuerdo, incluso pensando en la ampliación de la indagatoria". Al acusado se lo indica como colaborador del diputado Ricardo Troncoso, en la elaboración de una serie de contratos truchos.
Eran los dos los planteos realizados por Franchi: la suspensión del juicio a prueba (probation) y la inclusión de su defendido en el régimen de imputados colaboradores (Ley del Arrepentido). Ambos pedidos fueron rechazados por el titular del Juzgado de Garantías Nº 5, Elvio Garzón.
En primer lugar, para que se dictamine la suspensión del juicio a prueba se debe contar con el aval de quien representa al Ministerio Público Fiscal (MPF). En este caso, el dictamen de la fiscal Farinó fue negativo para dicho acuerdo y Garzón debió analizar los fundamentos de fiscalía para oponerse a la probation de Blason Lorenzatto. El punto clave de esto se posó en considerar si el acusado era -o no- funcionaro público y por lo tanto, saber si correspondía el pedido de la defensa. El magistrado consideró que Blason Lorenzatto efectivamente era funcionario público -a diferencia de lo considerado por la defensa- y por este motivo resolvió rechazar el planteo defensivo: "Es importante que esto llegue a juicio oral y público", expresó el juez quien coincidió con los argumentos negativos de la fiscal. Aclaró que en esta instancia no se resolvía la culpabilidad -o no- del imputado y que será en el juicio oral y público el lugar para resolver esta situación.
"No estamos de acuerdo con lo resuelto por el juez. Esta no es la última instancia donde podemos pedir la probation, la última posibilidad es en la propia audiencia donde se pedirá la elevación a juicio. Así que analizaremos si recurrimos lo resuelto por Garzón", reconoció Franchi a ANALISIS DIGITAL. El abogado defensor cuenta con cinco días de plazo para apelar la decisión del juez de Garantías.
En cuanto a lo que tiene que ver con la inclusión como imputado arrepentido en la causa, el juez negó la posibilidad "por ahora y en estas circunstancias". Las explicaciones tienen que ver con que no se cumplimentaron los pasos establecidos por la norma: debe haber un acuerdo entre las partes que luego podrá ser homologado -o no- por el juez. Dicho acuerdo no se efectivizó, por ende los mecanismos que utilizó la defensa para solicitar que Blason Lorenzatto sea arrepentido no eran los adecuados, según dispuso el juez.
Ante esta situación, se le consultó a Franchi si evalúan solicitar un encuentro con la fiscal para formalizar el acuerdo: "Ese proceso no está reglamentado, igualmente si el juez lo expresó nosotros vamos a hablar con la fiscal para ver en qué términos se puede llegar a un acuerdo, incluso pensando en la ampliación de la indagatoria", aseguró el abogado defensor.
La causa es la que investiga al diputado provincial Ricardo Troncoso y una serie de contrataciones truchas que realizó el legislador de Cambiemos, a través de las cuales se quedaba con el dinero correspondiente al pago de dichos contratos. El expediente se inició tras la denuncia periodística, a través de un testimonio de un damnificado, del programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
Fuente: JCB de ANALISIS DIGITAL
[email protected]